LAS RESOLUCIONES ANTICIPADAS

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En líneas generales la transparencia en todo procedimiento sin lugar a dudas genera confianza y seguridad para aquél que debe cumplir los preceptos que impone el mismo, a los fines que no exista ningún tipo de extrañeza, sorpresas o desconcierto. Cuando se proyecta materializar operaciones de comercio exterior, en particular importación, esta máxima emerge a la mesa de trabajo ya que hay que desplegar toda una investigación para validar los requisitos y exigencias que recaen sobre la importación de mercancías los cuales deben agotarse en atención a las normas legales que rigen la materia.

 

Es probable que en muchos de los casos los requerimientos legales estén expresados con una nitidez tal que el sujeto importador conocerá con certeza las gestiones previas que debe cubrir para no omitir o infringir algún dispositivo que aplique, sin embargo, no siempre es así, pueden hallarse deberes legales susceptibles de tener diferentes interpretaciones o imprecisas que crearían una desventaja en la persona que le corresponda cumplir que pueda desencadenar un eventual conflicto. También, puede agravarse la situación en caso que exista multiplicidad de normativa y la misma se encuentre dispersa no permitiendo esta condición puntualizar los adeudos a satisfacer. Ahora bien, nos hemos referido al elemento que está en la obligación de dar cumplimiento, vale decir, los importadores, no obstante, en contrapartida el ente por donde ingresan las mercancías que se importan y que por ende le incumbe hacer cumplir el ordenamiento jurídico aplicable, son las Aduanas.

 

Ese organismo competente a nivel mundial para el autor Asuaje C. en su obra “Derecho Aduanero” citando a su vez a Bielsa F., las precisa así: “es el órgano de la administración pública que tiene por principal (no único) objeto, percibir los derechos fiscales de importación y exportación y hacer cumplir las disposiciones prohibitivas y de reglamentación del comercio internacional. En otros términos, el papel general de la aduana consiste en vigilar el cumplimiento de las prohibiciones legales referentes al tránsito en las fronteras”. En este mismo orden, el glosario de GLOSARIO DE TÉRMINOS LOGÍSTICOS de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y Asociación Latinoamericana de Logística (ALL) la conceptualiza como: “Servicio administrativo gubernamental que registra los géneros y mercancías que ingresan y egresan a un territorio aduanero, aplica la legislación relativa a los distintos regímenes y procedimientos aduaneros y recauda los derechos arancelarios que correspondan”.

 

Demarcadas las partes involucradas, se agrega que en los últimos tiempos las organizaciones internacionales líderes en comercio y aduanas, es decir, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) y la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA), respectivamente, han desarrollado esfuerzos por motorizar lo que se ha denominado la “facilitación del comercio”, entendida a grosso modo como la simplificación, transparencia y armonización de los procedimientos que rigen el comercio internacional. Siendo esto tan significativo para la fluidez del comercio la OMC, en 2014 estableció el ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO (AFC). Más allá, que a la fecha falten países por incorporarse a este Acuerdo, la voluntad y la tendencia es clara, esto es, crear mecanismos idóneos que coadyuven y faciliten el intercambio internacional de mercancías, sin que las Aduanas pierdan el imperioso control.

 

De este entorno, emana el asunto que se contrae esta nota: Las “Resoluciones Anticipadas”, las cuales el literal 9) del artículo 3 del AFC, las refiere como “una decisión escrita que un Miembro facilita al solicitante antes de la importación de la mercancía abarcada por la solicitud, en la que se establece el trato que el Miembro concederá a la mercancía en el momento de la importación con respecto a lo siguiente (….)” Esto da pie, a que cualquier importador o su representante aduanero consulten una materia específica, ante cualquier incertidumbre o que se preste a varias interpretaciones a fin de conocer a ciencia cierta el alcance de un tópico particular.

 

Al hilo y a los efectos de ilustrar, en Colombia el recién promulgado Decreto 1165 vinculado a las disposiciones relativas al régimen de aduanas, totalmente a tono con el AFC, expresa en su artículo 298 sobre Resoluciones Anticipadas lo siguiente: “ Es el acto mediante el cual la autoridad aduanera o la autoridad competente, antes de la importación de una mercancía, a solicitud de exportadores, importadores, productores, sus representantes o cualquier particular legitimado, previo estudio de los documentos aportados, expide una resolución con respecto a lo relacionado en el presente artículo”. Adicional, indica que podrán ceñirse a materias como: La clasificación arancelaria, la aplicación de criterios de valoración aduanera, entre otros aspectos que enumera. Como se apreciará, es una valiosa opción legal que poseen los interesados en obtener la suficiente certeza jurídica ante determinado proceder estando obligados, por el carácter vinculante que poseen las respuestas, a aplicar el criterio desarrollado en la misma.

 

Continuando con el parangón, es admirable por su visión referenciar la experiencia venezolana, comenzando por reconocer que el Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas (1979), 35 años antes de instituirse el AFC, insertó y mantiene vigente a la fecha, a través de su reforma más reciente (1991), disposiciones análogas a la Resolución Anticipada en materia arancelaria. Ahondemos un poco, el Capítulo III relativo a “Las Consultas sobre Clasificación Arancelaria”, tipifica que cualquier persona podrá consultar a la oficina competente la clasificación arancelaria de cualquier mercancía, exponiendo con claridad los elementos descriptivos y constitutivos de la mercancía que motiva la consulta; así como también expresar su opinión fundada si la tuviere, entre otros requisitos. Nótese, que esta pauta es muy semejante a la que se ha esbozado en estas líneas. Consumado este proceso, el interesado al que la Administración Aduanera le ha respondido, conocerá, precisará o validará el código arancelario a declarar, la alícuota arancelaria y los permisos a los cuales se encuentra sometida su importación (aplica también para la exportación). Estas contestaciones, son documentadas por oficio, tendrán carácter público y pleno valor legal, otorgando seguridad jurídica, siempre que exista coincidencia entre el producto consultado y el que sea objeto de importación o exportación.

 

Siguiendo con el caso venezolano, la reforma de la Ley Orgánica de Aduanas (1998) agregó en sus disposiciones la Consulta de Valoración. Con esto la LOA organizaría en su cuerpo, la posibilidad que los interesados consultaran al tópico referido a la clasificación arancelaria y valor aduanero de las mercancías, que representan los elementos más técnicos y complejos en materia de aduanas y los cuales constituyen información imprescindible para efectos de ultimar la Declaración de Aduanas de importación. Evolucionando en este aspecto, más adelante las reformas LOA de los años 2014 y 2020, lo reiteran, elevando el carácter de vinculante para ambas consultas al expresar su artículo 122 lo siguiente: “Cuando la Administración Aduanera hubiere emitido opinión a la consulta solicitada en materia de clasificación arancelaria o valor, ésta será vinculante para los funcionarios actuantes, el consultante y para otros interesados en casos de mercancías idénticas”. De la simple interpretación de este dispositivo, se colige que tanto los administrados como los funcionarios competentes, estén o no de acuerdo, están supeditados al criterio expuesto en estos actos emanados de la Administración Aduanera a condición que se trate de mercancías idénticas, salvo que los administrados acudan a la vía recursiva por alguna diferencia de criterios. En todo caso, no deja de ser una acción muy útil para la facilitación del comercio, en tanto y en cuanto el importador perciba con antelación un riesgo en estas áreas que son concluyentes para cuantificar los gravámenes aduaneros y el Impuesto al Valor Agregado.

 

Ahora bien, se observa que el ordenamiento bosquejado compagina con las Resoluciones Anticipadas del AFC, sin embargo, es importante que su comportamiento a nivel de praxis sea el previsto en la normativa, sobre todo a nivel de tiempos de respuestas. Es por ello que el Reglamento citado, en materia de clasificación arancelaria, prevé que la Administración Aduanera dispondrá de veinte (20) días hábiles para evacuar las consultas, a excepción que haya requerido del consultante, por escrito, información adicional en cuyo caso el plazo comenzará a correr a partir de la fecha de recepción de la información adicional requerida.

Así las cosas, es compromiso del interesado preparar una solicitud robusta donde exponga con claridad los elementos descriptivos y constitutivos de la mercancía que motiva la consulta acompañándola con muestras del producto o, en su defecto, catálogos, planos, fotografías, análisis de laboratorio, fichas técnicas, es decir, como todo un procedimiento administrativo, ceñirse a los lineamientos pertinentes, vale decir, enunciar los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud. En suma y para blindar el petitorio, es recomendable pronunciarse sobre la opinión fundada, basada en la Reglas Generales de Interpretación y cualquier otro sustento valido, ya que si la Administración Aduanera no responde en el plazo, aun considerando que se haya interrumpido y reiniciado o que exista un criterio expreso anterior para mercancías idénticas (el cual ha debido ser considerado en la opinión fundada en la medida que sean publicados) no podrá imponerse sanción al consultante, posterior importador, si hubiere aplicado la interpretación acorde con la opinión fundada que él mismo haya expresado al formular la consulta.

 

Por lo anterior, cobra excesiva fuerza para los usuarios el dispositivo reglamentario cuyo tenor es: “El Ministerio de Hacienda publicará mensualmente una relación de los oficios que contengan criterios sobre clasificación arancelaria o derogatoria de las mismas y su base de sustentación técnica legal”. Sin vacilaciones, en la medida que esta metodología exista los interesados gozarán de una valiosa fuente informativa en la faena que nos ocupó a lo largo de estas líneas y la cual coadyuve a la facilitación del comercio.

 

Por Gerardo Silva

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