LAS MULTAS EN LA DECLARACIÓN DE ADUANAS Y LA PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE EXONERACIÓN

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Ha transcurrido el tiempo desde agosto 2018 hasta estos momentos donde se despliega la lamentable y feroz pandemia del Covid19 la cual agobia a la humanidad. Impulsado por la emergencia que representa esta situación, varias Administraciones Aduaneras del mundo, incluso por recomendación de la propia Organización Mundial de Aduanas (OMA), han tomado la iniciativa de implementar disposiciones orientadas, a liberar, exonerar, no gravar, suprimir y en fin cualquier voz similar según cada país, los gravámenes, impuestos, derechos aduaneros, a los que regularmente están sometidas determinadas mercaderías por su importación siendo necesarias las mismas para combatir el mal antes referido. Así mismo, muchos países han adoptado procedimientos de emergencia breves y ágiles para los cargamentos que lleguen o pretendan ser desaduanados sin mayores dilaciones, con las revisiones indispensables para que los procesos sean expeditos.

 

En Venezuela, bajo esta lid se promulga, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, el resuelto N° 011/2020 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.846 de fecha 24/03/2020, la cual incluye setenta y siete (77) tipos de mercancías claves para esta contingencia. Esta norma, complementa el Decreto vigente distinguido con el N° 4.080, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.497 de fecha 26/12/2019, donde se acuerda el beneficio de exoneración de tarifa arancelaria, tasa por determinación del régimen aduanero e impuesto al Valor Agregado (IVA) por la importación de un conjunto de mercancías. En suma, ambos instrumentos conceden la exoneración del pago de los conceptos mencionados hasta el próximo 30/06/2020, incluyendo la recién publicada para cubrir la coyuntura mencionada, en todo caso, el beneficio permanecerá vigente hasta el próximo 30/06/2020, salvo que más adelante el Ejecutivo Nacional decida otra acción.

Se ha comentado en entregas anteriores que para el goce de este beneplácito fiscal, inicialmente es vinculante, que las mercancías importadas y declaradas por el consignatario aceptante, se correspondan con los códigos arancelarios relacionados en las listas publicadas por el Ejecutivo Nacional antes identificadas, no obstante, y siendo el aspecto fundamental de esta nota, la idea es hacer una revisión sobre la eventual pérdida del beneficio in-comento si se detecta que el consignatario al declarar en Aduanas incurre, principalmente, en la infracciones vinculadas con clasificación arancelaria y valor.

 

Desde el mismo agosto 2018 surgió esta suspicacia en el sector, toda vez, que tanto el Decreto originario signado con el N° 3.547 aparecido en la Gaceta República Bolivariana de Venezuela N° 41.456 de fecha 08/08/2018 (artículo 7) como en el Decreto N° 4.080 publicado en la Gaceta República Bolivariana de Venezuela N° 6.497 de fecha 26/12/2019 (artículo 9), corre inserto un artículo, con idéntica redacción, cuyo tenor es el siguiente:

“Los beneficiarios que no cumplan con las obligaciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario y otras normas tributarias, así como en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas y sus Reglamentos, perderán el beneficio de exoneración”

 

Así las cosas y en atención de una lectura superficial e inicial pareciera que las acciones del consignatario, a los efectos de gozar de la liberación de gravámenes aduanero e IVA a que se contrae esta escritura, ante cualquier conducta antijurídica que se corresponda con algún supuesto infraccional de los previstos en algún numeral del artículo 177 de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA), es causal suficiente para que el declarante automáticamente pierda el derecho del goce fiscal acordado por el Ejecutivo Nacional relativo a la liberación in-comento. Énfasis, quizás a los más comunes consagrados en los numerales 1 y 2 de la citada Ley, los cuales se transcriben a continuación:

 

“Artículo 177. Las infracciones cometidas con motivo de la declaración de las mercancías en aduanas, serán sancionadas así: 

1.- Cuando las mercancías no correspondan a la clasificación arancelaria declarada:

Con multa del doble de la diferencia de los impuestos de importación y la tasa aduanera que se hubieren causado, si resultan impuestos superiores; con multa de treinta (30) veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela,  si resultan impuestos inferiores; y con multa de quince (15) veces al equivalente del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela,   si resultan impuestos iguales.

Si en estos casos las mercancías se encuentran además, sometidas a restricciones, registros u otros requisitos establecidos en el Arancel de Aduanas, o si se tratare de efectos de exportación o tránsito no gravados, pero sometidos a restricciones, registros u otros requisitos establecidos en el Arancel de Aduanas, serán sancionados con multa equivalente al valor en aduanas de las mercancías.

2.- Cuando el valor declarado no corresponda al valor en aduana de las mercancías:

Con multa del doble de la diferencia de los impuestos de importación y la tasa aduanera que se hubieren causado, si el valor resultante fuere superior al declarado.

Con multa equivalente a la diferencia del valor, si el valor resultante fuere inferior al declarado”

 

Planteada así la situación, en primer lugar si la importación cuyo declarante se acogió al derecho de exoneración, yerra en el código arancelario, a juicio del funcionario actuante y al margen de sus acciones recursivas que le asisten, en principio no debería concluirse por la falta cometida, que el consignatario deja de ser acreedor de la dispensa impositiva. Si bien es cierto, se está conteste que existe una falla (error en declaración), la misma debe y tiene que ser definitivamente sancionada por la Administración Aduanera, sin que deje de reconocérsele su beneficio, a condición que el código arancelario resultante de la actuación oficial, igualmente esté contenido en alguna de las listas establecidas por el Ejecutivo Nacional. Lo anterior, fundado en una previsión que incluso data desde la mismísima Ley Orgánica de Aduanas de 1978 y la cual en la actualidad se encuentra en el antepenúltimo párrafo del artículo 177 ejusdem cuyo alcance es el siguiente:

 

 “A los fines de las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán independientemente de los beneficios de que puedan gozar las mercancías derivados de exoneraciones, exenciones y Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República” (resaltado propio)

 

Lo anterior demuestra que a pesar de la conducta antijurídica del consignatario materializada al incumplir con las obligaciones previstas en la LOA al formalizar la declaración, la misma establece un mecanismo de sanción por la infracción incurrida y en paralelo reconoce totalmente el derecho que representa una liberación impositiva la cual se considera otorgada por el sólo hecho que el código arancelario de las mercancías importadas, resultante o no del procedimiento de reconocimiento, se correspondan con los códigos arancelarios previstos en los listados correspondientes, es decir, tal como si fuere una orden expresa e individualizada de exoneración de las que se solían otorgarse, a petición de la parte interesada (en este caso el declarante), basada en las disposiciones del articulo 127 la LOA y particularmente en el Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales. Luce excluido de este examen la aplicación del Código Orgánico Tributario (COT), visto su carácter supletorio en este menester, aparte, que la génesis de la controversia, es de naturaleza estrictamente aduanera y bajo el espectro de estas normas se genera la solución y no habiendo objeción por este hecho sobre la exoneración del IVA, se aprecia que es poco o nada la contribución del COT en este tópico.

 

Lo anterior, fue apropiadamente visionado por un Grupo de Especialistas, liderados por la Cámara de Comercio La Guaira (CCLAG) desde el mismo momento que se publicaron las primeras normas en agosto de 2018 y a tal efecto se sometió a consulta formal ante las autoridades del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), siendo atendida mediante oficio N° SNAT/GGSJ/GDA/DDA/2018/0080-1387, en los términos siguientes:

 

(…) Omissis

De lo antes expuesto, se puede evidenciar que cuando se comenten infracciones con motivo de la declaración definitiva de aduanas, si la mercancía importada goza de un beneficio exoneratorio, se aplica la sanción correspondiente, sin que el beneficiario pierda la exoneración del pago de los impuestos respectivos, como por ejemplo un erro en el código arancelario declarado, si producto del reconocimiento se verifica que ambos códigos arancelarios (el declarado y el verificado) se encuentra incorporados en los Anexos I y II  de la Resolución Conjunta, publicada en la Gaceta Oficial 6.402 (E) de fecha 31/08/2018, dicha operación continuará estando beneficiada con la exoneración de pago  de los impuestos de importación y Tasa por Determinación del Régimen Aduanero, e impuesto al Valor Agregado, sin dejar de lado sanción correspondiente la cual se encuentra prevista en el artículo 177 numeral 1 ejusdem” (Omissis…)

 

Más adelante, el aludido Dictamen reitera:

(…) Omisis

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Aduanas, cuando se cometen infracciones con motivo de la declaración definitiva de aduanas (DUA) si la mercancías importada cumple con los parámetros para gozar de los beneficios exoneratorio, se aplica la sanción correspondiente, sin que el importador pierda el beneficio de exoneración del pago de los impuestos respectivo” (Omissis…)

 

En contrapartida, podría razonarse, que el mencionado Dictamen fue basado en una bases legales, que ya para el año 2020 expiraron, sin embargo, se percibe que la opinión citada es de aplicación “mutatis mutandis” dado que las normas liberatorias actuales son una re-edición de las anteriores conservando el mismo espíritu, propósito y razón, puntualmente el Decreto N° 4.080. Así mismo, ciertamente la LOA fue reformada mediante Decreto Constituyente, divulgado en la Gaceta Oficial N° 6.507 de fecha 29/01/2020, empero, salvo la cuantía de las multas que fueron objeto de ajuste, el resto de los supuestos bajo análisis se mantienen incólumes.

 

Desde esta perspectiva, cuando un consignatario subsuma su conducta en el supuesto consagrado en el numeral 2 del artículo 177 LOA, es decir, inexactitud en su declaración aduanera en materia de valor, luce completamente aplicable su derecho al goce del beneficio de la exoneración conjuntamente con la imposición de la multa correspondiente, en virtud del dispositivo ya citado y previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 177 de la LOA (ya transcrito líneas precedentes). Es menester recordar, que este novedoso mecanismo de aplicación de liberaciones impositivas, tiene un procedimiento breve, contrastando con el procedimiento antiguo y ordinario que suponía que la parte interesada formalizaba la solicitud con los recaudos pertinentes, la Administración Aduanera examinaba en atención a las políticas y lineamientos de ese momento y mediante oficio otorgaba la liberación, si ese fuera el caso.

 

Ahora con este procedimiento simplificado, este análisis de las políticas y lineamientos, sus resultas están definitivamente plasmadas en el acto administrativo de carácter general (decreto) y en la Resolución respectiva, siendo el elemento ancla para gozar del beneficio, el código arancelario del bien importado plasmado en la declaración de aduanas. En todo caso, sea el proceder ordinario o el novedoso, conviene citar a Marco A. Osorio Ch, en su obra “Las Mercancías” cuando afirma “Ya dijimos que el poder discrecional implícito en las exoneraciones no significa que estos beneficios puedan ser asignados en forma caprichosa. En estas asignaciones debe prevalecer un carácter general, un mismo tratamiento para quienes se encuentren en los presupuestos y condiciones establecidas en la Ley o que hayan sido fijados por el Poder Ejecutivo, pues el principio de igualdad ante la ley así lo exige”.

 

En el orden anterior, si los productos importados se corresponden técnicamente con los lineamientos, es decir, los presupuestos y condiciones expresados en la disposición presidencial y demás actos de carácter sublegal emanados del Poder Ejecutivo, no queda otra alternativa interpretativa que el pleno goce del beneficio, ante las circunstancias expuestas. Adicional y como parte del procedimiento, la observancia de los otros requisitos requeridos presentados a consideración de la respectiva Oficina Aduanera al momento de registrar la declaración aduanera (Relación descriptiva de los bienes muebles corporales a importar y Factura Comercial emitida a nombre del beneficiario encargado de la adquisición de los bienes muebles corporales). Igualmente, el consignatario debe cumplir con el resto de regulaciones y obligaciones legales que resulten aplicables a la importación de las mercancías, sobre todo las restrictivas, según el tipo de mercancía de que se trate, salvo que resulten expresamente dispensadas a tenor del Decreto N° 4.080, es decir, los permisos, certificados, constancias y licencias expedidos por las carteras ministeriales con competencia en: Industrias, Comercio, Petróleo y Minería, Alimentación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, codificadas en el artículo 21 del Arancel de Aduanas bajo los números 4, 9, 11, 14, 15, 16 y 20.

 

Como se ha dicho, en caso de algún desacierto de los expresamente sancionados en el artículo 177 de la LOA, al momento de declarar, el efecto será que el consignatario sea sancionado a tenor de esta disposición, conservando el disfrute del beneficio, reiterándose, en la medida que el elemento de vinculación se mantenga, esto es, que el código arancelario resultante del procedimiento de reconocimiento pertenezca a alguno de los expresamente identificados en la listas gubernamentales, definitivamente acatando el propósito del legislador originario de aplicar la sanción, sin menoscabar la voluntad del Poder Ejecutivo al conceder la exoneración, bajo el presupuesto que el código arancelario declarado se corresponda con las mercancías.

 

Por GERARDO SILVA F.         

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